En el marco del día mundial de la juventud, realizamos un ejercicio de análisis de datos en el cual
utilizamos registros de denuncias de violencia contra la mujer que cumplieran con dos criterios,
siendo estos:
1. Denuncias que se hubieran colocado en el año 2017
Denuncias colocadas por mujeres cuyas edades estuvieran comprendidas entre los 13 y los
30 años.
2. La intención de realizar este análisis fue evaluar el estado de los casos 5 años después de haber
sido colocada cada denuncia, es importante señalar que los estados de caso señalados en este
artículo eran a marzo del año 2022.
Al respecto de este trabajo observamos lo siguiente:
1. En el año 2017 se registraron en el Ministerio Público cerca de 63,500 denuncias de
violencia contra la mujer a nivel nacional, de las cuales, el 45% (28,300/63,500) fueron
colocadas por mujeres consideradas de población joven (13 a 30 años) 1 .
2. Al respecto de la manifestación del delito, en las denuncias colocadas por mujeres en edades de 13 a 30 años, se observó que el 42% (11,900/28,300) de las denuncias fueron por violencia psicológica, el 35% (9,800/28,300) fueron por violencia física, en el 23% de los casos no se registró la manifestación y menos del 1% corresponden a violencia sexual y económica. (Al respecto de denuncias de violencia sexual es importante señalar que existen más de 50mil denuncias registradas en donde la víctima era mujer entre enero del año 2017 y el marzo del año 2022, se infiere que no todas han sido tipificadas también cómo violencia contra la mujer)
3. El análisis sobre el estado de los casos, 5 años después de haber realizado la denuncia, reflejó que únicamente 5 de cada 100 denuncias llegaron a sentencia.
4. Se identificó que, a marzo del año 2022, el porcentaje de casos desestimados y archivados de denuncias de vulneraciones contra mujeres jóvenes cometidas en el 2017, era del 37%. (10,600/28,300)
5. Al analizar este conjunto de registros se identificó también que la Fiscalía Municipal de Villa Canales recibió en el año 2017 la cantidad de 2,403 denuncias de violencia contra la mujer, de las cuales, a marzo del año 2022, ninguna había llegado a sentencia
Sobre estas observaciones consideramos lo siguiente:
Al respecto del bajo porcentaje de casos de violencia contra la mujer que en 5 años llegan a sentencia, referimos lo indicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, quien ha alertado sobre el patrón de impunidad sistemática en varios países de la región, especialmente en este tipo de casos debido a las debilidades en los procesos de investigación, sanción y reparación efectiva. Esto además de reflejar una problemática estructural a nivel de instituciones de justicia, agudiza la percepción de la violencia contra las mujeres y la impunidad como una realidad normalizada.
Al evaluar estos datos, se puede inferir que la problemática es aún más preocupante, ya que solo 5 de cada 100 mujeres que denuncian violencia, tienen la posibilidad de acceder a justicia, esto sin considerar que el tipo de sentencia puede ser condenatoria o absolutoria, aún así, no deja de preocupar que esas 5 mujeres que tuvieron acceso a justicia se enfrenten a un sistema que responde a estos casos con procedimientos que las revictimiza y vulnera reiteradamente.
Además del bajo porcentaje de casos que en 5 años llegan a sentencia, es importante prestar atención al problema estructural que deja por fuera la necesidades de las mujeres en la impartición de justicia.
La cantidad de mujeres jovenas que denuncian violencia es es un reflejo de las múltiples desigualdades y violencias a las que se enfrentan, cuyas vivencias son definidas, además del sexo, por la edad y la etnia. Es preocupante que se reciban en promedio 28 mil denuncias anuales de este tipo, pero también llama la atención las diversas formas de violencia que se viven en silencio. En un país en el que poco más de la tercera parte de las personas que lo habitan son mujeres entre 13 y 30 años, el Estado debe prestar atención a los distintos factores de riesgos que amenazan sus vidas y diseñar proceso de justicia pronta y pertinente en el que se priorice el bienestar de las sobrevivientes.
INCIDEJOVEN, una organización socia del proyecto Guate Diversa e Inclusiva, dedicada a contribuir al reconocimiento y al aseguramiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos desde una perspectiva de juventud feminista considera que el bajo porcentaje de casos de violencia contra la mujer que llega a sentencia se debe a lo siguiente:
- Fragilidad institucional en el sector justicia
- Estigmatización y revictimización de las mujeres jóvenes sobrevivientes de violencia que pudiera influir en la interrupción de los procesos.
- Desestimación de las experiencias y denuncias por parte de las mujeres jóvenes, principalmente por visiones adultocéntricas de los sistemas de justicia.
- Los protocolos de atención no son adecuados para las sobrevivientes, pues en su mayoría reúnen una serie de acciones burocráticas que además de significar costos monetarios significativos, también conllevan altos desgastes emocionales y físicos para dar seguimiento a los procesos.
- La institucionalidad de justicia provoca un clima desalentador respecto a la resolución pertinente de las denuncias, provocando que, las sobrevivientes decidan abandonar los procesos o acudir a otros mecanismos de denuncia igualmente legítimos.
Es por ello que esta organización (INCIDEJOVEN), recomienda la Incorporación de protocolos de prevención, atención y resarcimiento de la violencia contra las mujeres jóvenas y buenas prácticas en el sector de justicia con enfoque de género. Además de la implementación de un plan de fortalecimiento a las instituciones de justicia que tienen a cargo los procesos de investigación de casos de violencia contra las mujeres jóvenas, que permita acercar la justicia a las sobrevivientes.
Además, se hace hincapié en la necesidad de implementar platafomas de datos abiertos desde las instancias públicas, a efecto de que se pueda dar seguimiento al comportamiento de una problemática estructural como lo es la violencia contra las mujeres y formular propuestas de solución desde distintos sectores, como la academia, las organizaciones de sociedad civil y las instancias públicas.
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