Edición de texto: Mariajosé España y Ana Lucía Ramazzini, Análisis de datos: Daniel de León, Diseño gráfico: Cynthia Camargo.
Cada 4 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Salud Sexual para sensibilizar sobre la importancia de luchar por los derechos sexuales y reproductivos de cada persona.
El acceso a la educación integral en sexualidad es uno de los derechos que no se cumplen en Guatemala y que tienen un efecto directo en los embarazos en niñas y adolescentes a temprana edad.
En los últimos 11 años (2012 al 2022), en Guatemala se registraron más de 150 mil partos en donde la madre era una niña o adolescente menor de edad.
De estos, 10 mil 361 fueron de niñas de 14 años o menos que tuvieron un parto producto de una violación sexual.
Victoria Maldonado, coordinadora de programa del Observatorio Nacional en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), hace énfasis en que la legislación guatemalteca dicta que cualquier relación sexual con una niña de 14 años o menos es una violación y aunque los embarazos en estas edades son preocupantes, también lo son los de las adolescentes de 14 a 17 años.
La Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de personas establece que para los violentadores, la pena del delito de violación se agrava en un 75% cuando la víctima es menor de 14 años.
La mayoría de los partos en niñas y adolescentes en el período mencionado se registraron en Alta Verapaz, Huehuetenango, Petén, San Marcos y Quiché.
“Urge una educación sexual integral en las escuelas y esto significa una educación que se base en fundamentos teóricos, investigativos y que los maestros también estén capacitados en el tema, más allá de recibir una pequeña charla o asistir a un foro”, dice Maldonado a la pregunta de qué debe hacer el Estado para controlar el número de embarazos que se registran en adolescentes y niñas.
El acceso a la educación sexual integral, menciona, también permitirá prevenir la violencia sexual infantil al darle herramientas a los niños y niñas para identificar a posibles agresores, romper círculos y patrones.
¿Cuál es el impacto de un embarazo en la vida de las niñas y adolescentes? El embarazo y el parto en niñas y adolescentes es un riesgo en sí mismo y la vivencia de una maternidad forzada, irrumpe en los planes de vida de estas infancias.
En la dimensión biológica, el embarazo implica riesgos a la niña al ser más propensas a presión alta, infecciones, anemia y puede devenir en un parto prematuro así como la muerte, tanto de ella como del neonato. De hecho, las complicaciones relacionadas con el embarazo y parto son la principal causa de muerte de las adolescentes a nivel mundial, según datos de la OMS, riesgos que incrementan cuando son menores de 15 años.
En cuanto a la dimensión psicológica, la salud mental de niñas y adolescentes es vulnerada con un embarazo, un parto y una maternidad. La investigación titulada “Vidas Silenciadas” (FLACSO, 2019) muestra datos el suicidio en niñas y adolescentes por embarazos no planeados, no deseados y/o forzados. Las adolescentes embarazadas tienen un riesgo de suicido hasta tres veces mayor que las adolescentes no embarazadas (Briozzo, 2018).
En la dimensión social, el estudio titulado “Me Cambió la Vida: uniones, embarazos y vulneración de derechos en adolescentes” (FLACSO, 2015) evidencia que 9 de cada 10 entrevistadas dejó de estudiar debido al embarazo; 9 de cada 10 no participa en ningún espacio de organización en su comunidad principalmente porque debe cuidar a sus hijas e hijos y 8 de cada 10 no trabaja fuera del hogar.
Someter a niñas y adolescentes a partos y maternidades forzadas violenta sus derechos, entre éstos a la salud integral, a la educación y, sobre todo, a la posibilidad de un desarrollo pleno. Son niñas, no madres.
El preocupante aumento de los embarazos en niñas y adolescentes a temprana edad
Según el análisis hecho con los datos proporcionados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se puede observar un preocupante aumento de partos donde la madre es menor de 17 años.
Aunque los casos venían descendiendo desde el año 2012, a partir del año 2019 los registros empezaron a aumentar.
Victoria Maldonado adjudica este aumento a dos cosas. Según explicó, a partir de 2019 se mejoró el registro de los partos en menores de 14 años. “Antes era la abuela del bebé la que registraba al niño como suyo y ahora no es tan fácil hacer eso”, dice.
Por otro lado, en el 2020 el incremento exponencial responde al confinamiento obligatorio derivado de la pandemia del covid-19 que confirma, una vez más, que los principales agresores sexuales infantiles son personas cercanas a las niñas, que conviven con ellas o tienen acceso a sus espacios de confianza. Es decir, hermanos, padres, abuelos o tíos.
Ante estos datos, que evidencian que la problemática de los embarazos y partos en niñas y adolescentes persiste, es necesario y urgente que la institucionalidad del Estado asuma su rol como garante de derechos humanos e impulse medidas asumidas en el marco legal y político a nivel nacional e internacional, como la implementación de la educación integral en sexualidad, para asegurar las condiciones que les permitan vivir desde un plan de vida digno.
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