La violencia psicológica contra las mujeres en Guatemala es una problemática que, a pesar de su prevalencia, continúa siendo ampliamente invisibilizada. Representa una de las manifestaciones de violencia más naturalizadas en la sociedad guatemalteca. Hay una creencia generalizada que plantea que es “normal” que las relaciones que viven las mujeres estén atravesadas por esta forma de violencia y, a menudo, se minimiza su impacto porque no existe una evidencia “visible” de ella.
A partir del año 2008, la Ley Contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer define la violencia psicológica como las “acciones que pueden producir daño o sufrimiento psicológico o emocional a una mujer, a sus hijas o hijos (…) con objeto de intimidarla, menoscabar su autoestima o controlarla…”. Esto incluye acciones como el chantaje para evadir responsabilidad económica, revisar mensajes del teléfono, controlar la vestimenta y con quién juntarse, ridiculizar sistemáticamente los gustos, amenazar con el abandono o con hacer daño, gritar y humillar tanto en público como en privado, entre otras. Estas acciones menoscaban el bienestar emocional de quienes las sufren.
El reconocimiento de esta forma de violencia ha generado un aumento en las denuncias, desmontando su normalización. De hecho, se ha convertido en el delito más denunciado en Guatemala. Sin embargo, a pesar del número de denuncias, el acceso a la justicia para las víctimas sigue siendo limitado, dejando a muchas mujeres en situaciones de vulnerabilidad y sin la protección que el Estado debe garantizarles.
“Lo que no se nombra, no existe” es una de las consignas más fuertes desde los movimientos feministas, identificando varias de las luchas históricas por lograr el ejercicio de derechos humanos para las mujeres. Por esto, resulta tan importante identificar la violencia psicológica como un delito; es decir, nombrarla para evidenciar que es una problemática que sucede, que no es “normal” y que necesita atenderse, prevenirse y sancionarse.
Este análisis de datos explora las complejidades de este problema, destacando la urgente necesidad de visibilizar la violencia psicológica y fortalecer los mecanismos de justicia para garantizar condiciones de vida plenas y dignas para todas las mujeres en Guatemala.
El objetivo de este análisis de datos es explorar y visibilizar los registros de violencia psicológica contra las mujeres en Guatemala, y evaluar la respuesta del sector justicia a las víctimas de este delito, según los datos del año 2018 al 2023..
Para alcanzar este objetivo, procesamos y analizamos registros de violencia en contra de mujeres del año 2018 al 2023 en Guatemala, los cuales fueron proporcionados por el Ministerio Público a partir de solicitudes de acceso a la información pública.
Los datos analizados corresponden a 296,260 denuncias de violencia contra mujeres por manifestación de delito, en donde se evidencian los siguientes hallazgos:
- Predominio de la violencia psicológica: de los 296,260 registros de violencia contra mujeres en Guatemala, el 56% (164,969 denuncias) corresponden a violencia psicológica, lo que la convierte en la forma más común de agresión reportada. Este hallazgo subraya la gravedad y frecuencia de este tipo delito, que aunque a menudo es invisibilizado, tiene un impacto devastador en la salud mental y emocional de las víctimas.
2. Alto porcentaje de casos archivados y desestimados: un alarmante 83% de las denuncias de violencia psicológica contra mujeres son archivadas o desestimadas. Esta alta tasa de desestimación refleja fallas críticas en el sistema judicial, que perpetúan la impunidad y la continuidad de la violencia. La falta de seguimiento adecuado y la insuficiencia de pruebas “visibles” contribuyen a esta preocupante realidad, desincentivando a las mujeres a denunciar y erosionando la confianza en el sistema de justicia.
- Aunque la violencia psicológica es la manifestación de delito en casos de violencia contra mujeres, es también la manifestación que menos se sentencia: sólo el 2% de las denuncias de violencia psicológica presentadas en 2017 y 2018 culminaron en una sentencia hasta mayo de 2024. Este dato revela una preocupante ineficacia en el sistema judicial, que no sólo ralentiza la resolución de casos, sino que perpetúa un clima de impunidad.
Al considerar estas observaciones, desde Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM) como parte del consorcio We Lead, realizamos las siguientes recomendaciones.
Al sistema de justicia
Fortalecer la sensibilización y formación del sistema judicial: es crucial que jueces, fiscales y otros actores del sistema de justicia reciban formación continua y especializada en violencia psicológica y derechos de las mujeres. Esta formación debe enfocarse en la gravedad del problema y en cómo tratar las denuncias con la seriedad que merecen, para reducir la alta tasa de desestimación y archivación de casos.
Implementar un seguimiento y revisión de casos desestimados: se recomienda establecer mecanismos de seguimiento para los casos de violencia psicológica que han sido archivados o desestimados, permitiendo identificar patrones o deficiencias en el proceso judicial. Esto ayudaría a asegurar que las víctimas no queden desprotegidas y que se tomen medidas correctivas cuando sea necesario.
Al Ministerio de Salud Pública e Instituto de la Víctima
Fortalecer los servicios de apoyo a las víctimas de violencia psicológica, mejorando la accesibilidad y calidad de los programas de asesoramiento psicológico, refugios seguros y asistencia legal. Es crucial garantizar un apoyo integral para que las mujeres puedan reconstruir sus vidas y no queden atrapadas en ciclos de abuso, asegurando que estos servicios lleguen a todas las comunidades, especialmente las más vulnerables.
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Aportes técnicos: Grupo Guatemalteco de Mujeres
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