Las niñas y adolescentes tienen el derecho humano a la vida y a vivirla sin sufrir violencia por ser mujeres. Sin embargo, para muchas de ellas, este derecho es vulnerado a través de una de las agresiones que más impacto tiene en su integridad física, psicológica y emocional: la violencia sexual.
La Organización Mundial de la Salud (2013) define la violencia sexual como “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción de otra persona…”.
En Guatemala, la violencia sexual es un grave problema social, de salud pública y de derechos humanos. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señala que se registran 23 casos diarios de abuso sexual en niñas y adolescentes (2023), lo que equivale aproximadamente a uno cada hora en un día. Sin embargo, muchos de estos delitos no son denunciados, lo cual podría deberse a la naturalización de este tipo de violencia, pero también está relacionado con la percepción negativa sobre la actuación del sistema de justicia y las implicaciones que esto tiene para las víctimas, como la revictimización, la falta de implementación de justicia especializada con perspectiva de género y los altos índices de impunidad reflejados en los casos desestimados y en los pocos donde se logra una sentencia condenatoria.
Los datos presentados en este análisis corresponden específicamente al departamento de Petén, el más extenso a nivel nacional y con una población compuesta por ladino/mestizos (60%), mayas y afrodescendientes (40%).
Las niñas y adolescentes de Petén, al igual que las de toda Guatemala, deberían estar en las aulas recibiendo educación de calidad que incluya educación integral en sexualidad; en los parques jugando y divirtiéndose; en sus hogares sintiéndose seguras; y en las comunidades siendo cuidadas y respetadas.
Todas las niñas y adolescentes deberían contar con un Estado que garantice las condiciones para que hagan realidad sus sueños. Para lograrlo, es necesario asegurar el ejercicio de sus derechos, lo que les permitirá tomar decisiones libres e informadas sobre su presente y su futuro.
En este ejercicio de análisis de datos identificamos como la falta de acceso a una educación integral en sexualidad contribuye a la desinformación sobre los derechos sexuales y reproductivos en niñas, adolescentes y en la sociedad en general. Esta limitante expone a las niñas y adolescentes a sufrir violencia sexual y a no denunciarla.
En este contexto, este análisis busca mostrar las denuncias de violaciones sexuales a niñas y adolescentes en el departamento de Petén, entre el año 2017 y mayo del 2024.
Para lograr esto, por medio de solicitudes de acceso a la información pública dirigidas al Ministerio Público, obtuvimos registros de violaciones sexuales contra niñas y adolescentes a nivel nacional. en donde se incluyeron campos como: departamento, municipio, fecha del hecho, edad de la víctima y estado del caso.
Después de limpiar y analizar los registros de 27,933 denuncias de violaciones sexuales a niñas y adolescentes a nivel nacional, de las cuales 1,729 se registraron en Petén., identificamos las siguientes observaciones:
Distribución de denuncias: entre 2017 y mayo de 2024, se registraron 27,933 denuncias de violaciones sexuales a niñas y adolescentes en Guatemala, de las cuales el 6% corresponden al departamento de Petén.
Concentración de denuncias en Petén: el 62% de las violaciones sexuales a niñas y adolescentes en Petén se registraron en cinco municipios, siendo estos: San Luis, Sayaxché, Poptún, La Libertad y San Benito.
Denuncias desestimadas: en los cinco municipios priorizados, el porcentaje de denuncias desestimadas es del 62%. En el caso de Sayaxché, este porcentaje asciende al 81%.
Sentencias condenatorias: al analizar las denuncias colocadas únicamente en los años 2017 y 2018, observamos que el porcentaje de casos que llegan a sentencia en los municipios de La Libertad y Poptún es del 8%; en San Luis y Sayaxché es del 6%; y en San Benito es del 1%.
Derivado de este análisis de datos, desde Tan Uxil, como miembro del consorcio We Lead recomendamos lo siguiente:
- Al Ministerio de educación: Implementar programas sobre educación integral en sexualidad en centros educativos que incluyan temas sobre consentimiento, relaciones saludables, y derechos sexuales y reproductivos.
- Al Ministerio Público: asegurar que todas las denuncias de violencia sexual contra niñas y adolescentes en Petén sean investigadas con rigor y seriedad. Esto implica la recolección exhaustiva de pruebas, protección continua para las víctimas y sus familias, y una firme persecución penal para castigar a los agresores. Además, es crucial implementar un sistema de monitoreo que rastree el progreso de los casos y brindar capacitación continua al personal en temas de violencia sexual y protección de menores, garantizando así un tratamiento justo y empático durante todo el proceso judicial.
- Al sector público, incluyendo ministerios, gobiernos locales y otras instituciones estatales, implementar políticas integrales de igualdad de género que aborden y enfrenten las desigualdades estructurales que perpetúan la violencia sexual. Estas políticas deben incluir la promoción de la equidad en el acceso a la educación, y servicios de salud, así como campañas de sensibilización y prevención de la violencia de género.
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