En Guatemala, la discriminación está tipificada como delito. Del 2017 a la fecha se han interpuesto 92 denuncias de este tipo y la mayoría ha sido desestimada.
Equipo: Mariajosé España y Ana Lucía Ramazinni, Análisis de datos: Daniel de León, Infografías: Cynthia Camargo.
La violencia contra las personas diversas es latente día con día. Aunque los hechos violentos son los que llaman más la atención del ojo público, hay violencias silenciosas que afectan a las personas.
Dentro de los delitos más denunciados por las personas LGBTIQ+ se encuentran las amenazas y la discriminación. Son también los que menos se investigan.
Para realizar esta publicación, solicitamos registros al Ministerio Público sobre faltas y delitos cometidos en contra de personas de la diversidad sexual entre enero del año 2017 y junio del año 2023, seguidamente nos centramos en identificar las sentencias en los estados de caso de los delitos de discriminación comprendidos en el período 2017-2021.
Descartamos para el análisis los datos del año 2022 y 2023, debido a que un año generalmente es un período muy corto para que se obtenga una sentencia sobre un caso denunciado.
Una vez hecha esta depuración observamos que fueron 1125 las denuncias de faltas y delitos cometidas contra personas LGBTIQ+ entre el año 2017 y 2021, sobre este total, notamos que, el 7% (76/1125) de los registros corresponden a casos de discriminación.
La discriminación se define como el trato desigual a las personas por su religión, sexo, raza, etnia, idioma, edad, situación económica, enfermedad, estado civil o cualquier otro motivo que la limite a ejercer un derecho.
El código penal guatemalteco establece que la pena para quien comete este delito es de prisión de uno a tres años y una sanción económica de quinientos a tres mil quetzales. (Artículo 202 bis)
Rafael Cruz, abogado de Cristosal especializado en defender a personas de la diversidad sexual, explica que en su carrera no ha visto un caso de discriminación que haya llegado a condena y esto se refleja en los datos compartidos por el Ministerio Público que explica el estado de cada denuncia.
De acuerdo con los datos analizados, estas denuncias fueron colocadas por 67 personas de sexo masculino, quienes se identificaron como gays (61), bisexuales (4), una persona aparece sin selección y se observó un registro con error marcado como lesbiana siendo de sexo másculino, las denuncias restantes (9) fueron presentadas por mujeres quienes se identificaron como lesbianas. Esto puede observarse en la siguiente gráfica.
Igual de preocupante que encontrar errores en captura de datos, es el tema de los estados de caso, ya que en el conjunto de registros analizados que incluyen 5 años, se identificó que, no ha habido ninguna de estas denuncias en la que se haya obtenido una sentencia y que a la vez, esta pueda marcar un precedente en materia de respetar el derecho a la orientación sexual e identidad de género de las personas. Se observó que a julio del año 2023, 67 de los 76 casos de discrimación contra personas LGBTIQ+ ya habían sido archivados o desestimados, 6 habían finalizado con criterio de oportunidad, 2 fueron conexados y solo uno seguía en investigación desde el 2019.
Rafael Cruz explica que el criterio de oportunidad es una especie de conciliación entre el denunciado y la víctima para evitar que el caso se judicialice y llegue a Tribunales. Sin embargo, esto no es positivo porque invisibiliza los casos de discriminación.
El abogado Cruz explica que lo complicado de estos delitos es que se trata de “delitos de actividad” y no “delitos de resultados”.
“Por ejemplo, si hablamos de un homicidio el resultado es evidente en el cuerpo de la víctima, pero el delito de discriminación es un delito de actividad, difícil de ver porque va en contra de la integridad moral de la persona”, explicó.
Para poder comprobar este delito, se necesita una fiscalía especializada en discriminación y con enfoque de género para que puedan entender la importancia de clarificar estos hechos.
“Es importante que quien esté investigando este sensibilizado y capacitado, no solo por el tema de discriminación, sino por el tema de diversidad sexual”, dice Cruz y explica que esto es precisamente lo que hace falta en el Ministerio Público.
Los datos proporcionados por el MP no reflejan el mundo complejo de la discriminación que existe en contra de las personas de la diversidad. Hay casos de discriminación que ocurren al querer acceder a los servicios de salud, a la seguridad, a la educación, pero muchos de estos casos no se conocen.
La cultura de denuncia
Atreverse a denunciar es un acto de valentía en territorios donde la simple existencia representa un riesgo. Esta afirmación, ubicada en las páginas introductorias del reciente estudio de FLACSO-Guatemala “Barreras de acceso a la justicia de las personas LGBTIQ+” (Vargas, Vargas y Batres, 2023) muestra dos aspectos fundamentales de la deuda histórica que el sistema de justicia guatemalteco aún tiene con la población LGBTIQ+.
Por un lado se evidencia una cultura de denuncia que se ve limitada por el prejuicio, el estigma y la discriminación debido a la orientación sexual, identidad de género y/o expresión género y que pone en condición de mayor vulnerabilidad a quienes la llevan a cabo.
Y por el otro, se constatan los mecanismos -arraigados estructuralmente en el propio sistema y reproducidos a través de imaginarios sociales-, que van negando el derecho a la justicia a quienes logran acceder al mismo y lo transitan buscando obtener una justicia de calidad. Éstos mecanismos se reflejan en el registro erróneo de datos de denuncia; en la revictimización a lo largo del proceso mediante la falta de acompañamiento y atención diferenciada y especializada; en los pocos casos judicializados, ya que muchos son desestimados y rechazados; y en la carencia de una investigación en tiempos razonables.
Es importante resaltar que los dos aspectos mencionados anteriormente se generan en un contexto nacional donde prevalece la discriminación contra las personas disidentes, desde prácticas heteropatriarcales con altos niveles de impunidad y pocas sentencias. Desmantelar la discriminación contra la población LGBTIQ+ implica que el Estado, en todos sus ámbitos y en particular desde la justicia, garantice las condiciones para que la sola existencia deje de representar un riesgo y sea reconocida dignamente desde el ejercicio pleno de derechos humanos.
Lo anterior expuesto, demuestra que existe la norma jurídica para sancionar este tipo de hechos, sin embargo, cuando una persona de la diversidad sexual recurre al sistema judicial para denunciar un episodio de discriminación, la justicia no llega.
Para Noé Velazquez, Director Ejecutivo de Somos, existe una brecha importante entre la denuncia y la acción por parte de las autoridades competentes. “La desestimación de casos puede ser debido a la falta de pruebas suficientes o por prejuicios arraigados en el sistema de justicia, falta de capacitación y conocimiento en cuestiones de igualdad y no discriminación”, menciona.
Sin embargo, la erradicación de las conductas discriminatorias en contra de la población LGBTIQ+ no debe ser abordada únicamente desde el sistema de justicia. Angelo menciona que se debe seguir trabajando en la educación y la conciencia social, así como en programas y políticas públicas que fomenten la inclusión y la igualdad para todas las personas.
Visualiza los registros en el siguiente panel de control:
Descarga los datos sobre faltas y delitos en contra de personas de la diversidad sexual registrados entre el año 2017 y julio del año 2023 aquí.