En el marco del día de Acción Global por la Salud de las Mujeres realizamos un ejercicio de datos, contabilizando el total de embarazos en niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años registrados por los servicios de salud en Guatemala. Además, analizamos el total de denuncias de violencia sexual según el Ministerio Público en donde las víctimas fueron niñas y adolescentes del mismo rango de edad. Ambos conjuntos de datos comprendiendo el período 2019-2021 a nivel nacional.
A continuación, describimos los 5 hallazgos más importantes.
1. El 51% (3,165/6,222) de los casos de embarazos en niñas y adolescentes registrados en servicios de salud se han presentado en los últimos 3 años (2019-2021) en 5 departamentos del país, siendo estos: Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiché, Petén y San Marcos.
2. El promedio anual de niñas y adolescentes embarazadas comprendidas entre las edades de 10 y 14 años en los últimos 3 años (2019-2021) fue de 1,055 casos registrados en servicios de salud.
3. Según datos del Ministerio de Salud, el 22% de los embarazos en niñas y adolescentes de los 5 departamentos en donde más prevalencia de casos se registran se dan en estos 10 servicios de salud.
4. Según el Ministerio Público el total de denuncias del período 2019-2021 de violencia sexual en contra de niñas y adolescentes entre 10 y 14 años a nivel nacional es de 9,520 casos, de los cuales el 38% (3,643/9,529) corresponden a los departamentos en donde más embarazos reportados hay de niñas y adolescentes del año 2019 y 2021 (Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiché, Petén y San Marcos).
5. El delito más denunciado enmarcado dentro de violencia sexual en niñas y adolescentes de 10 a 14 años en estos 5 departamentos fue la violación con distintos agravantes, en donde el MP registró 3,148 casos en el período 2019-2021. Esto puede observarse en la siguiente gráfica.
Al respecto de estos datos, desde el programa Guate Diversa e Inclusiva consideramos lo siguiente:
- Sobre la salud de las niñas:
El impacto en salud física en las niñas y adolescentes embarazadas va desde la preeclampsia, anemia, infección del tracto urinario, complicaciones del parto o parto prematuro, desnutrición y recién nacido de bajo peso. El riesgo de muerte materna en niñas menores 15 años es dos veces mayor al de las mujeres adultas.
El impacto en salud mental en víctimas de violencia sexual y el embarazo generan cuadros de depresión, temor, tristeza, enojo, culpa, pensamientos recurrentes sobre la situación vivida, intranquilidad, miedo y vergüenza, cuando este tipo de violencia es infringida por un familiar bajo una situación de constante amenaza, el que la responsabilicen de lo sucedido, la incertidumbre sobre su futuro y el alejamiento total de su entorno, incrementan la afectación.
Y aunque como país se han dado pasos certeros en cuanto a que la violencia sexual es una emergencia médica, también se cuenta con un protocolo y una ruta de atención a las víctimas así como la apertura y funcionamiento de las clínicas de violencia sexual en los 43 hospital algunos carecen de recursos humanos y financieros para dar respuesta al problema, sumado a que en muchas ocasiones las niñas y adolescentes no toman decisiones y las familias por carecer de recursos económicos para el traslado al tercer nivel de atención como lo establece el protocolo, llegan a los servicios del 2do nivel o son atendidas en su comunidad.
- Sobre la educación de las niñas
Cada día, las niñas y adolescentes enfrentan obstáculos para acceder a la educación debido a la pobreza, las normas y las prácticas culturales, la falta de infraestructura, la violencia y la vulnerabilidad, si a esta condición se le suma un embarazo, el problema se vuelve aún más complejo, pues las prioridades de la niña pasan a un segundo plano y el estudiar no se visualiza como una prioridad.
Actualmente el ministerio de Educación no cuenta con un programa de apoyo a esta condición de las niñas, pues, aunque haya programas extraescolares no hay una estrategia real que garantice la permanencia o continuidad de las niñas en el sistema educativo.
- Sobre la deuda de la Justicia para las niñas
Los modelos de atención integral implementados para niñas, niños y adolescentes, son un avance en el acceso a la justicia, pero no resuelven el problema, pro múltiples razones 1) Son atendidos por un equipo multidisciplinario de profesionales (NO especialista o Jueces), por eso en el caso de las niñas víctimas de violencia sexual y embarazadas deben atender la emergencia médica y para ello deben llevar un control en un servicio de salud y con un médico especialista por refieren, lo mismo pasa con las medidas de protección que solo puede dictar un juez en la materia, por lo que también refieren, eso hace que el modelo no sea funcional además que se localizan solo en la ciudad capital o en cabeceras departamentales lo cual limita el acceso, por eso es poco comprensible para las familias que al ser referidas ningún profesional del “Modelo” las acompaña por lo tanto se pierde la “Atención Integral”. No existe un seguimiento cercano a la familia que incluya resolver lo inmediato como es el costo del traslado a las distintas instancias y menos aun cuando se necesita un intérprete por el tema del idioma entre otros, razón por la cual es sumamente difícil que las familias se mantengan en el proceso legal que es lento, engorroso, revictimizante e injusto.
Por otro lado, si bien existen normas, políticas, protocolos o rutas que establecen de manera clara la actuación interna y externa de las instancias, estos no son capaces de dar respuesta al problema ya que cada una actúa según su ruta interna sin que esto resuelva de manera integral la atención, acompañamiento y respuesta a las víctimas.
- Sobre protección social a las niñas como compromiso de todas las personas
Actualmente no hay ningún programa de apoyo (económico) que acompañe a las niñas durante el proceso penal ni siquiera al finalizar el mismo, pues la mayoría de las sentencias condenatorias no incluyen la reparación digna de manera formal esta se traduce a acciones poco realistas que su implementación depende del presupuesto y procedimiento administrativo interno lo cual no se cumple ya que tampoco existe un ente que supervise lo resuelto por el juez competente.
Programa Social Vida es hasta ahora el único programa que existe con muchos obstáculos para la inclusión de las niñas, puesto que los criterios son una limitante para acceder y no dependen de las niñas ni de las familias sino del sistema de justicia por lo tanto son pocas las niñas que logran ingresar ni siquiera se alcanza un 10% del total de casos denunciados, sumando a la alta rotación del personal y lo complejo que resulta la recopilación de documentos y seguimiento a los casos.
Recomendaciones de sociedad civil:
- Que el Ministerio de salud, implemente un programa de apoyo económico para el traslado de las niñas víctimas de violencia sexual y embarazadas para que cumplan con lo establecido en el protocolo de control del embarazo en el segundo y tercer nivel de atención.
- Que se implemente un programa de atención psicológica ambulatoria que apoye a las víctimas en la decisión de mantenerse en la denuncia para que los agresores no reincidan dañando a otras niñas.
- Designar presupuesto específico para las clínicas de violencia sexual de manera que no corran el riesgo de cierre ante emergencias que se puedan presentar.
- Al ministerio de educación que implemente un programa educativo que permita a las niñas la continuidad de sus estudios pese a su condición de niñas madres.
- Priorizar las denuncias y evitar la revictimización que se da en los juzgados especializados para la atención a la niñez y la adolescencia, procurando el debido proceso, pronto y cumplido.
- Que el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) revise, analice y reforme los criterios de inclusión de las niñas según su normativa interna que beneficie de manera pronta y amplie el número de niñas a incluir en el programa.
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