En los últimos 4 años los embarazos en niñas siguen siendo una problemática de la que se habla poco, en este período se han registrado un total de 19,439 embarazos en niñas de 10 a 14 años, según el Ministerio de Salud.
Este fenómeno, que tiene sus causas principales en la violencia sexual y en las uniones tempranas tiene un impacto negativo en el desarrollo de las niñas. En Guatemala, establecer relaciones sexuales con una persona menor de 14 años constituye un delito de violación, según el artículo 173 de la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, aprobado en el 2009.
Lucía* es una niña q’eqchi’ de 15 años que sufrió violencia sexual en el año 2020, por lo que ahora tiene un bebé de tres meses. Ella vive en una aldea de San Pedro Carchá, municipio ubicado a once kilómetros de Cobán, de 235,275 habitantes, según el Censo de Población de 2018.
Su aldea queda a ocho minutos del casco urbano, para llegar hay que transitar una carretera de tierra. La comunidad no cuenta con instituto básico, apenas tiene una escuela primaria. Para sobrevivir en este lugar, la gente siembra café, cardamomo y otros cultivos, como aguacate, pacaya y chile. Los servicios de salud estatales se reducen a un centro de convergencia, que es la unidad mínima de los servicios de salud, que no cuenta ni con un médico.
La historia de Lucía, es la historia de muchas niñas
Con ayuda de Carmelina Chocooj, secretaria técnica de OSAR en Alta Verapaz, su madre Marta Lidia, relata en idioma q’eqchi’ lo que sucedió. Lo poco que Lucía cuenta en sus propias palabras, es que hace un año estaba bien, pero ahora ya no porque tiene una bebé. Según los datos del Ministerio de Salud analizados para este artículo del año 2017 al año 2020 se han registrado 19,439 embarazos en niñas de 10 a 14 años en el país. *
La entrevista tuvo lugar en la casa de los abuelos maternos de Lucía, una vivienda de dos ambientes, de piso de cemento y un amplio patio. Unas fotografías del álbum familiar decoran el cuarto principal, así como un arpa que pertenece al abuelo de Lucía. Desde la cocina humea el fuego, ya que es casi la hora del almuerzo y se preparan los alimentos de ese día.
El año pasado la madre de Lucía la envió a la casa de una vecina a dejarle comida y café, ya que ella se encontraba enferma. Ahí, el hijo de la vecina de 22 años aprovechó un momento a solas con la niña y la violó. Lucía no le contó nada a su mamá sobre lo que pasó ese día.
Como a ella le gusta tejer, trabajó todo el tiempo que estuvo embarazada, durante la pandemia, haciendo morrales que le hacían bajo pedido, porque ni ella misma sabía qué estaba pasando con su cuerpo. Un día, mientras tejía, observó que sus pies estaban hinchados, así que le preguntó a su madre qué le estaba pasando y decidieron llevarla al centro de salud.
La primera vez que acudieron solo le recetaron vitaminas, pero como su tío trabajaba en ese lugar no quedó conforme y se cercioró de que una segunda vez la examinaran bien, fue entonces que se dieron cuenta que estaba embarazada.
Según Mirna Montenegro, del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), las niñas son vulnerables, física y psicológicamente. La violencia sexual en su contra no es fortuita, a veces empieza desde que son muy pequeñas y a veces se descubre hasta que se dé el embarazo. De acuerdo con Montenegro, las causas estructurales de la violencia sexual infantil, obedecen al sistema patriarcal. En el Ministerio Público “el 90 por ciento de las denuncias, el agresor o el supuesto violador es familiar de la niña, un vecino, alguien que es cercano a la niña”, dijo.
Según Mirna Montenegro, del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), las niñas son vulnerables, física y psicológicamente. La violencia sexual en su contra no es fortuita, a veces empieza desde que son muy pequeñas y a veces se descubre hasta que se dé el embarazo. De acuerdo con Montenegro, las causas estructurales de la violencia sexual infantil, obedecen al sistema patriarcal. En el Ministerio Público “el 90 por ciento de las denuncias, el agresor o el supuesto violador es familiar de la niña, un vecino, alguien que es cercano a la niña”, dijo.
Alta Verapaz, el departamento donde vive Lucía, es uno de los que, junto a Huehuetenango, tiene los más altos índices de embarazo en niñas de 10 a 14 años. Según el Censo de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 93 por ciento de la población es maya.
Según el estudio de Ana Lucía Ramazzini “Vidas Silenciadas”, realizada por Flacso en el año 2019, las adolescentes embarazadas tienen un riesgo de suicidio hasta tres veces mayor que en adolescentes no embarazadas, y que, en el departamento de Alta Verapaz, los casos de suicidio entre los 10 a 19 años de edad están vinculados con el embarazo.
Algunos de los datos que arrojó este estudio sobre este fenómeno es que, en 2015, el 40 por ciento de las adolescentes que se suicidaron en ese departamento estaban embarazadas. Este porcentaje descendió a 25 por ciento en 2016 y aumentó 50 por ciento en el 2017.
De acuerdo con Pablo Salazar, representante de país del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), el embarazo en algunas comunidades se ve como algo normal, o bien hay tolerancia a la violencia sexual contra las niñas.
Según el testimonio de la madre de Lucía, cuando el personal la atendió le tuvieron que hacer preguntas muy específicas, como si alguien la había tocado, algo que ella no quería decir porque ni siquiera ella sabía que así fue como quedó embarazada.
Mirna Montenegro del OSAR afirma que en Guatemala todavía se maneja el silencio sobre la violencia sexual y aunque ha habido avances en lo normativo, no se pone en el centro a las niñas y sus derechos, “las niñas sufren revictimización cada vez que las llevan al Hospital, al centro de salud o a vacunar al niño, donde tienen que volver a contar la historia de la violación”.
Por otro lado, madre e hija se enfrentaron al dilema de ser violentadas por el esposo y padre de Lucía, ya que él no sabía que ella estaba embarazada. El trabajador del centro de salud se comprometió a llamarlo antes, para que cuando ellas llegaran a su casa no sufrieran violencia de su parte.
Cuando la madre llegó a su casa su esposo le preguntó qué le pasaba, fue cuando le contó que su hija estaba embarazada. Él se molestó y empezó a gritar y ella le pidió que la escuchara. La idea del padre era ir a emborracharse y luego venir a arreglar el problema, cuenta. Su esposa le dijo que, si hacía eso, lo podían ir a traer las autoridades ya que en el centro de salud le dijeron que la niña estaba bajo la responsabilidad de ambos.
De parte del área de salud, un trabajador llamó al agresor quien se molestó al escuchar que la niña dijo que se había embarazado de él y no quería aceptar su responsabilidad. Cuando en el centro le dijeron que si no aceptaba eso iban a mandar a la policía a traerlo, el muchacho respondió “¿Por qué no lo dijo antes, por qué hasta ahorita lo está diciendo?”. Luego aceptó y dijo que le iba a pasar dinero a la familia de Lucía.
Por otra parte, la madre de la niña habló con la mamá del agresor, quien ya se había enterado de lo ocurrido. “Como nos conocemos yo la llamé y ya estaba enojada, me respondió muy mal”, relató. Por ello la madre le dijo a su vecina que si la iba a tratar así, que entonces iban a arreglarlo de otra manera.
En la comunidad y la familia del agresor empezaron a dudar de lo que había dicho la niña y de si ella estaba embarazada de su hijo. La madre del agresor incluso hizo un ayuno y preguntó a un pastor que supuestamente habla con Dios, para que le dijera si era verdad que su hijo había abusado de la niña. El hombre dijo que sí por lo que la señora fue a dejarle Q500 a la familia.
Mientras tanto, el muchacho se unió con otra joven. Pero la familia de Lucía consideró que quien debía ser la esposa era la niña, ya que estaba embarazada, por lo tanto, tenía que irse a vivir con él.
En Alta Verapaz, el 98 por ciento de niñas embarazadas son indígenas
A nivel nacional, los embarazos en niñas y adolescentes se dan más en la población identificada como ladina, de acuerdo con el “Informe de violencia contra poblaciones en contexto de vulnerabilidad”.
Sin embargo, al evaluar por departamentos las poblaciones afectadas cambian drásticamente. En el caso de Alta Verapaz, el 98 por ciento de los casos son de población identificada como maya. Esto se explica, según las personas consultadas, porque en esos departamentos la población es mayoritariamente indígena.
Las cifras sostenidas de embarazos en los últimos 4 años del Ministerio de Salud revelan que no ha habido disminución de este problema en los últimos cuatro años.
En una entrevista, Ramazzini dijo que no ha habido una reducción porque uno de los retos más fuertes se encuentra en la transformación de las creencias y formas de pensamiento patriarcales que se hacen parte del sentido común y de las estructuras sociales, que sostienen las prácticas de violencia contra las niñas y que, incluso llegan a justificar estas acciones.
La investigadora agregó que, en estos tiempos de pandemia y confinamiento, estar en casa no significó para muchas mujeres, y especialmente para muchas niñas, estar más seguras porque muchos agresores son miembros de la familia o parte de los círculos cercanos, “aumentaron las manifestaciones de violencia en el hogar, entre éstas la sexual”.
A nivel nacional de 2017 a septiembre de 2020 se pusieron 11478 denuncias por violencia sexual, que incluye agresión sexual, agresión sexual con agravación de la pena, violación, violación con agravación de la pena y violación con circunstancias especiales de agravación, según información del MP.
El avance de la justicia y la impunidad en casos de violencia contra las mujeres, son desesperanzadores. De todos estos casos, 8,280 están en fase de investigación, 643 en fase intermedia, 266 desestimados y solamente se han obtenido 95 sentencias.
Buscaron solución en la comunidad
La familia de Lucía no quiso denunciar al agresor como lo recomendaron en el centro de salud, pero tras una serie de desacuerdos decidieron llevar el problema a la alcaldía comunitaria, relató la madre.
A la alcaldía llegaron los abuelos, tías, hermanas y la mujer del agresor. El alcalde auxiliar sentó a Lucía frente a la persona que la había violado y le pidió que dijera la verdad de lo que pasó. Ella así lo hizo, contó lo que había pasado ese día, cuando por orden de su mamá le fue a dejar comida y bebida a la vecina enferma.
El alcalde le preguntó al agresor si eso era cierto y él lo aceptó. El alcalde le preguntó al muchacho qué iba a hacer si ya tenía esposa y le aconsejó que dejara a la otra mujer porque ella es de otra comunidad y no la fue a pedir. La señora no aceptó separarse del agresor.
La autoridad comunitaria le dijo a la esposa del muchacho, que ya estaba embarazada, que regresara a su comunidad y que ellos iban a decidir que la niña pasara a vivir con su agresor ya que ella es “la primera mujer”, la que está embarazada y la que debe irse a vivir con él.
En esa reunión, la familia del agresor y él propusieron varias soluciones, entre esas que ella entregara a la bebé y que ellos lo cuidarían. La familia del muchacho ofreció dinero y preguntaron “cuánto querían”, la familia de Lucía dijo que Q2000 para el parto. Entonces se comprometieron a dar ese dinero y que el muchacho iba a llamar a la madre de Lucía, pero nunca lo hizo. Parte de los acuerdos es que iba a pasar la pensión alimenticia al bebé hasta que cumpliera 18 años y que reconocería a la bebé. El ofreció Q300, la familia de Lucía no aceptó.
La familia de Lucía pidió un terreno para la niña, cuando sea grande, para que ella tenga donde sembrar y cosechar, todo eso quedó bajo punto de acta. Esto tampoco se cumplió.
El camino a la justicia tiene obstáculos
Después de la reunión con el alcalde auxiliar y la familia del agresor, la madre de Lucía visitó a una abogada del Instituto de la Víctima, una entidad estatal que brinda asistencia a víctimas del delito, ya que la familia del agresor comenzó a insultarles y amenazaron con conseguir un abogado para defenderse.
Acudieron a esta instancia para ir a denunciar al agresor, pero la abogada no las acompañó, entonces, el Ministerio Publico no las atendió. Hasta en una segunda ocasión ya con asistencia legal, le tomaron la declaración a la niña. El pasado 16 de febrero de 2021 una auxiliar fiscal las visitó y entrevistó a la niña, y les recomendó que ya no siguieran pidiendo dinero al agresor.
En Alta Verapaz, muchas familias tienen que movilizarse hasta la cabecera departamental para realizar las denuncias, lo cual constituye un sacrificio en términos de tiempo y dinero y aún llegando a las entidades se revictimiza nuevamente a la niña enviándola al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, al Juzgado de la Niñez o a la Procuraduría General de la Nación.
Aunque las denuncias se pueden interponer en los Juzgados de Paz, la Policía Nacional Civil o los centros de salud, estas instituciones no atienden víctimas, sino que todo es remitido a la Agencia Fiscal de la Mujer, con sede en Cobán.
Esta agencia cuenta para todo el departamento con 3 agentes fiscales, 9 auxiliares fiscales, 2 intérpretes q’eqchi’, 3 oficiales, un notificador y un piloto, pero tener un piloto para 10 auxiliares es una limitante para que hagan su trabajo, explica una fuente del Ministerio Público “No hay vehículos, no hay técnicos, están sobrecargados y todavía tienen que ir a las comunidades” comenta.
Juana Guerrero, una abogada que ha acompañado denuncias por violencia sexual en contra de niñas, relata que en Alta Verapaz desde el sistema judicial se las violenta. Explica que muchas veces los agresores son dejados libres porque desde el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) se pagan peritajes culturales y se deja libre al agresor “el sistema completo está diseñado para violentar a la mujer y naturaliza la violencia contra ellas, lo que permite que estos abusos sigan ocurriendo” afirma.
Actualmente, el caso de Lucía se encuentra en su fase preparatoria. De acuerdo con la abogada del Instituto de la Víctima que acompañará el caso, aún no se ha realizado ninguna audiencia en relación a este hecho.
En Alta Verapaz, de enero de 2017 a septiembre de 2020, se interpusieron 1080 denuncias por violencia sexual, de las cuales 758 corresponden al delito de violación y 163 a violación con agravación de la pena.
Un embarazo en niñas tiene varias consecuencias
Una vez Lucía dio a luz en el centro de Salud de Carchá, su madre cuenta que tuvieron que incurrir en varios gastos ya que se le subió la presión, por lo que tuvo que ser trasladada al Hospital de Cobán. La bebé se quedó al cuidado de su abuela quien relata que tomaba 9 botes de leche que valen como Q75 cada uno, un gasto demasiado caro.
Ramazzini señaló en la entrevista que los embarazos en niñas y adolescentes ponen en riesgo su salud física, social y mental, y cuando están en ese estado, son más propensas a presión alta, infecciones, anemia, parto prematuro y muerte, indicó.
Lucía y su familia tuvieron que irse de la comunidad, ya que eran víctimas de insultos y agresiones. Sus abuelos les regalaron 26 cuerdas de tierra, con lo que completaron un terreno en donde esperan construir su vivienda, ya que no quieren regresar a la comunidad, donde todos se burlan de su hija, por ser madre.
Junto a sus dos hermanas, Lucía trabaja la tierra y ha cultivado 8 cuerdas de café. Lo que más le gusta es tejer y criar pollos. Pero entre la crianza, la siembra y el tejido prefiere esta última actividad, Hace morrales los cuales durante la pandemia vendía por docena, según su mamá. Ahora está aprendiendo a hacer blusas tradicionales de la región con su telar.
Además, los embarazos en niñas tienen varias implicaciones que abarcan lo social. Según otra investigación de Ramazzini llamada “Me Cambió la Vida” 9 de cada 10 niñas entrevistadas, dejó de estudiar debido al embarazo; 9 de cada 10 no participa en ningún espacio de organización en su comunidad porque debe cuidar a sus hijas e hijos y 8 de cada 10 no trabaja fuera del hogar.
En total, en Alta Verapaz se han registrado 2,291 embarazos desde el año al año 2020. Carmelina Chocooj señala que ese número podría ser más alto ya que muchas niñas no tienen acceso a los servicios de salud, por lo tanto, no están reportadas.
Uniones tempranas son comunes en Alta Verapaz
Aunque la causa fundamental del embarazo en niñas de 10 a 14 años es la violencia sexual, ya que en Guatemala establecer relaciones sexuales con una persona menor de 14 constituye delito, también lo son las uniones tempranas. Para Salazar, del UNFPA, existe una relación muy fuerte entre las uniones tempranas y el embarazo de las niñas y adolescentes, en especial de las más pequeñas, donde al suceder la unión, esto lleva a un embarazo temprano o bien, al darse un embarazo, viene después la unión.
Patricia Cortez, médica feminista, originaria de Alta Verapaz, señala que en ese departamento la población es mayoritariamente indígena y las tradiciones se conservan. El matrimonio no es por romance, es por conveniencia, indica. Esto lo atribuye al sistema patriarcal, más que a la cultura q’eqchi’ “no hablamos de la cultura como que cierto grupo étnico tiene prácticas culturales diferentes, sino más bien cultural en el sentido de que todas las mujeres hemos sido criadas para el cuidado y que no se nos reconoce como personas que tienen la posibilidad de trabajar y ganarse la vida por sí mismas”.
Juana Guerrero coincide con Cortez “los casamientos de menores no son una práctica ancestral o que forme parte de la cultura de los pueblos indígenas, sino más bien se debe a factores de pobreza y desigualdad”.
Por su parte Karla Rax, una mentora de la red Naleb’Ak que busca disminuir los embarazos en niñas y las uniones tempranas en Chisec, Alta Verapaz, explica que cuando algunas jóvenes toman la decisión de unirse a temprana edad, a veces lo hacen para escapar de la violencia en sus familias.
De acuerdo con un estudio del ICEFI (2016), en 2014 los departamentos con la mayor proporción de hogares con niñez y adolescencia en situación de pobreza multidimensional, es decir, privación de derechos en nutrición, salud, educación, acceso a agua potable, saneamiento y condiciones de vivienda son: Alta Verapaz con 80.5%, Quiché con 71.6% y Huehuetenango, con 71.4%.
Alternativas para prevenir y erradicar los embarazos en niñas
Para Cortez, una opción para comenzar a disminuir los embarazos en niñas sería mejorar las opciones educativas y laborales que tienen ellas. Según la médica, en ese departamento no hay más opciones para las mujeres que no sea la cocina o el oficio doméstico e incluso la prostitución.
Karla Rax considera que es importante el acceso a información sobre salud sexual y reproductiva, brindar servicios básicos en las comunidades, ya que estos siempre están centralizados y fomentar la independencia económica de las niñas y adolescentes para que cumplan sus metas. La mentora señala que esto es obligación del Estado, brindar educación, ya que en la mayoría de comunidades no hay acceso a educación básica ni del diversificado, a la vez que se mejoren los servicios que se brindan sobre salud sexual y reproductiva.
En el Congreso se han presentado varias iniciativas de ley que son de beneficio para la niñez y adolescencia pero que se han engavetado o aún no se han aprobado como la iniciativa de ley 5848 “Ley marco de reparación transformadora para las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual”, presentada por la diputada Merana Oliva, con el apoyo de Mujeres Transformando el Mundo.
También el proyecto 5511, que dispone aprobar Ley Marco para la Protección Integral a la Niña Víctima de Violencia sexual, de la exdiputada Alejandra Carrillo, fue presentada en el pleno en 2019 que tampoco ha sido aprobada.
En tanto la presentada por la exdiputada Sandra Morán en 2017 obtuvo dictamen desfavorable de la Comisión del Menor y de la Familia, este es el proyecto de Ley para la Protección Integral, Acceso a la Justicia, Reparación Digna y Transformadora a las Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual, Explotación Sexual y Trata de Personas, 5376 obtuvo un dictamen desfavorable en la Comisión de la Mujer. De igual forma el proyecto 5205, Ley de Educación Integral en Sexualidad, presentada en 2016 por el diputado Marco Aurelio Pineda.
Lucía quiere seguir tejiendo
En más de 13 años trabajando en la región, Chocooj ha tenido que ver distintos casos de violencia sexual. Ella considera que la educación puede ser clave para cambiar y reducir este fenómeno, con mayor nivel educativo las niñas comienzan a conocerse, a ellas y a su cuerpo, y a unirse siendo más adultas.
“Lucía como otras niñas, no tienen otra opción que dedicarse al cuidado de su bebé y es muy difícil que retomen sus estudios. Los sueños y vida de las niñas se quedan truncados, ellas están destinadas a ser amas de casa, a realizar trabajos domésticos mientras cuidan a sus bebés”, dijo.
No obstante, resalta que ella demuestra tener otras habilidades como tejer, lo que en alguna manera le ayudará a sostenerse económicamente, con el apoyo de sus padres. Además de hacer morrales, ahora está aprendiendo a tejer blusas.
Mientras tanto, Lucía se entusiasma cuando saca su telar y nos muestra la blusa que está a tejiendo de un vibrante color turquesa.