De la población de la diversidad sexual, la violencia contra ellas, es menos visible. Así lo afirman lesbianas, activistas, abogadas, psicólogas y sociólogas. Se les oprime por ser mujeres y otra por no plegarse a la norma heterosexual.
Analí Castañeda es una mujer lesbiana de 26 años de la ciudad de Guatemala, reveló su orientación sexual a los 13, sus padres que vivían en Estados Unidos le dijeron que la apoyaban y aceptaban como es. Su familia en Guatemala integrada por su abuela, tío y hermana, tampoco tuvieron problema. Desde su adolescencia a la fecha, pocas veces se sintió vulnerada, en parte, me explica “porque no se me nota que soy mujer”.
Analí cuenta que siempre se ha vestido con ropa de hombre y ha usado el cabello corto. La razón es simple: así se siente más cómoda. Subraya que es mujer y que le gusta que la traten como tal.
Recuerda que hace unos años tuvo un encuentro violento saliendo de una discoteca en zona 1, “con mi novia caminamos hacia nuestra casa, cerca en la esquina estaba un grupo de hombres tomando, uno de ellos ya nos conocía y sabían, pero empezaron a chiflarle y a decirle un montón de cosas a mi novia. Me enoja que los hombres le griten a una mujer. Entonces se nos acercaron, discutimos verbalmente pero después uno de ellos empezó a pegarme. En una de esas, me dijo ‘para que no volvás a intentar ser hombre’ y me pegó en la cara. El otro que lo acompañaba le repetía que me dejara… se fueron huyendo”.
Esta hubiera sido una denuncia más dentro de las 895 que registra Guatemala, de parte de la población de la diversidad sexual, pero no, todo el sistema confabula para que las mujeres lesbianas no denuncien. Analí, cuenta que tuvo suerte porque al día siguiente amaneció solo con el ojo morado y la boca hinchada.
En cuatro años las denuncias que más suscriben las mujeres lesbianas son: Contra la libertad y la seguridad de la persona y Contra la vida e integridad 1 . Tener una identidad de género distinta es difícil porque “se establecen obligaciones domésticas, biológicas y sexuales debido a que en esta lógica la mujer es vista como un objeto de pertenencia para los hombres. Es importante recordar que la mujer ha sido definida por los hombres y una mujer que no cabe dentro de la categoría de femenina, atenta contra el orden establecido del patriarcado” explica Luisa Fernández, en su tesis de grado de licenciatura en psicología de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Más allá de la ciudad
En el occidente de nuestro país tampoco es más fácil ser una mujer lesbiana. Conversé por teléfono con Andrea Díaz, quién se identifica como una mujer K’iche’ que creció en Quetzaltenango, la segunda ciudad más importante del país. Con 33 años de edad y 11 de haber fundado Vidas Paralelas, explica que “salir del clóset” significa que toda la familia lo hace y que para la mayoría esto no es sencillo, ya que existe la posibilidad de ser rechazadas por su familia o el temor quedarse en la calle.
En su caso, su mamá se puso triste porque esto significaría que no iba a ver nietos de su parte, pero poco a poco lo fueron aceptando todos en su casa. No obstante, la discriminación y violencia en la calle es casi habitual, Andrea narró que una vez, iba de la mano con su novia y a unas pocas calles del parque central de Quetzaltenango les tiraban algo, “nos dimos cuenta que eran piedras. Unos vecinos nos querían apedrear ¡Sentí rabia e impotencia! Pero lo que hicimos fue correr, no íbamos a esperar a que nos maten”.
Lo ha vivido en carne propia, y también se ha volcado al activismo, Andrea y el equipo Vidas Paralelas han atendido más de cincuenta casos de agresión, acoso y violencia contra lesbianas quezaltecas incluyendo lesbianas indígenas. Por ejemplo, recuerda el apoyo que le dieron, hace cuatro años a una mujer de Zunil, un municipio que queda a 67 kilómetros de la ciudad altense. Le brindaron alojamiento y acompañamiento psicológico luego de que en su comunidad -incluida su familia-, intentasen lincharla por haber expuesto su orientación sexual. La víctima, también de origen K’ iche’ tampoco puso una denuncia, y tuvo que migrar a la capital. “Sabíamos que estaba bien pero después le perdimos la pista”, indicó Andrea.
En estos 10 años de trabajo no han llevado un solo caso a instancias legales. Según los datos oficiales, entre el año 2016 y junio del 2020, en dicho departamento se han registrado 43 denuncias en contra de población LGBTIQ+, solo dos correspondieron a mujeres lesbianas. Una denuncia por delitos cometidos por funcionarios y la otra, indica la base datos del Ministerio Público, “no era delito”.
Vidas Paralelas acompaña en la medida que las victimas lo soliciten -apoyo psicológico e incluso como hogar temporal-, atienden por año a doce mujeres. “Algunas han querido denunciar, pero después desisten principalmente por miedo y la organización respeta su decisión”, puntualizó Andrea.
En ciudad de Guatemala, la afectación común para las mujeres lesbianas visibles es la discriminación laboral. Analí, lo recuerda como una experiencia muy desagradable: “la convocatoria era para SubWay, la entrevista era en Santa Faz. Me saludaron muy bien y me sorprendió un poco. Resultó que no se habían dado cuenta que yo era mujer, hasta que entregué mi curriculum. Hubo un silencio total e incómodo. Salí de allí, pero alcancé a ver que tiraron mi folder a la basura. Me puse a trabajar en otro lado, en Atento, como es call center no es que te pongan peros”.
La carga de prejuicios que tienen que aguantar las mujeres lesbianas visibles es pesada: “nosotras las tomboys 2 , no es común que trabajemos en un banco, o atendiendo un restaurante. Siento la discriminación del lado laboral porque llevo casi dos años sin trabajo”.
La discriminación está tipificada como un delito en el artículo 202 del código procesal penal y recibe una pena de 1 a 3 años. Los despidos injustificados competen a juzgados laboralistas. En Latinoamérica solo Puerto Rico cuenta con una penalización contra la exclusión laboral por ser parte de la población LGBTIQ+. En Guatemala, estos despidos deben encuadrarse en las leyes existentes, en un sistema de justicia de por sí, lento o ineficaz para la población en general.
La experiencia de acceso a justicia para la población de la diversidad sexual ha sido insatisfactoria, empezando porque ni siquiera se reconoce que los delitos tienen relación con su identidad de género. Al respecto Gabriela Dávila, de la organización Gente Positiva, indicó que ha acompañado casos en los que el Ministerio Público no ha estado interesado en registrar a las personas con su identidad.
“Ellos mismos dicen: ‘ahí se va como mujer, si es lesbiana o no, es mujer’. En la ventanilla preguntan ‘¿Le pegó el marido? La persona contesta: A mí me violentaron en la comunidad por ser lesbiana’. Le responden: ‘pero es mujer’, y ahí las catalogan. Ponen la denuncia por violencia, pero no dicen que es una violencia sistemática hacia una mujer lesbiana”.
La falta de reconocimiento se refleja en los datos, por ejemplo, solo el 9% del total de denuncias de la diversidad sexual corresponde a mujeres lesbianas. Para Gabriela, esto sucede porque “al país no le interesa tener estadísticas que reflejen que se violan los derechos humanos en contra la población LGBTIQ+”.
Existen algunos intentos por mejorar esa situación, como el protocolo que impulsó la Red Nacional de la diversidad sexual y Gente Positiva, para que las autoridades estén sensibilizadas y registren los casos respetando la identidad sexual de las personas, pero según Dávila, dejó de funcionar con la llegada de la Fiscal General del Ministerio Público, Consuelo Porras.
Al respecto, Jackeline Azmitia, encargada de la Oficina de Atención Permanente del MP, dijo que la institución, sí cuenta con la opción de identificación sexual; con un manual interno llamado 4-2014 de atención victimológica. Además, existe una oficina de atención para personas
vulnerables. “lamentablemente esa oficina solo se tiene aquí en la capital, aunque se ha sensibilizado a los compañeros para que brinden la atención diferenciada”, agregó.La discriminación tiene pena de prisión y/o faltas administrativas que pueden llevar a la destitución de la persona. Azmitia refiere que la denuncia contra funcionarios públicos puede realizarse en línea, aunque estas no son tan frecuentes por factores como el tiempo que toma, o que con la denuncia el funcionario entorpezca la investigación.
Si la denuncia se hace ante la policía y estos discriminan al denunciante, se debe acusar a los agentes y esto representa un agravante al delito inicial. La ruta ideal, es buscar ayuda en la defensoría de la diversidad sexual de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) pero, ¿Cuánto podría tardar esto? ¿Es factible para una persona que llegó con lesiones físicas? ¿Qué pasa cuando es menor y su agresor es un familiar?.
Para entender este punto, he consultado a Henry España defensor de las Personas de la Diversidad Sexual, de PDH. Desafortunadamente, señaló que no solo la PNC ha cometido agravios contra personas LGBTIQ+, también lo ha hecho el sistema de salud y el sistema penitenciario. “Si la persona presenta lesiones físicas lo más importante es acudir al INACIF para que se hagan los peritajes autorizados. Si es menor de edad, se hace la coordinación con la Procuraduría General de la Nación (PGN), para que ellos identifiquen a un familiar o si el mejor interés es institucionalizar a la persona”.
En promedio los acompañamientos o gestiones que realiza la defensoría de la diversidad son entre 15 y 20 al mes, pero no necesariamente llegan a convertirse denuncias, “unas son burlas o agresiones verbales en los lugares de trabajo, en los que deciden no dar el nombre de la empresa, por temor a perder su puesto, solo piden orientación psicológica”, comentó Henry.
La psicóloga Luisa Valenzuela acotó que la discriminación sexual: “conlleva a consecuencias psicoafectivas y psicosociales en las lesbianas, tales como, la angustia constante por el temor de ser ridiculizadas, rechazadas o violentadas”. Superar la discriminación tomará tiempo. En Guatemala, solo Vidas Paralelas en Quetzaltenango y ODISCEA en la capital se definen como organizaciones de apoyo específicamente dirigido a mujeres lesbianas.
Queda muy claro que las personas se abstienen de denunciar especialmente por miedo, pocos recursos económicos o falta de confianza en el sistema de justicia que además está poco capacitado, con empleados públicos que priman sus creencias religiosas o culturales. Si sumáramos los servicios que anualmente acompaña PDH, (240) y el apoyo que brinda Vidas Paralelas (24), que nunca llegaron a la data oficial, esta duplicaría las 210 que en promedio tiene el país de 2016 a junio de 2020.
Desde un enfoque sociológico este es un problema que se propaga, según la socióloga Walda Barrios: “las manifestaciones de la violencia se multiplican, mientras las víctimas se culpan por no ser heterosexuales, cisgenero y los agresores justifican con moral y religión la violación continua de derechos hacia niñas, niños, adolescentes, hombres y mujeres LGBTI, estas prácticas se perpetúan y fomentan la intensificación de violencia y criminalidad basada en prejuicio”.
Cesia Guzmán directora de la Organización de Diversidad Sexual para la Cultura, la Educación y las Artes (ODISCEA), ha explicado lo difícil que es mantener este esfuerzo colectivo y que la mayoría de actividades culturales de sensibilización, las han montado con fondos propios. Por si fuera poco, la vez que colaboró en una campaña de visibilización fue insultada y amenazada. ¡La Lesbofobia es real! recalcó en nuestra conversación telefónica y relató que ella en particular ha tenido muchas experiencias de violencia por ser lesbiana:
“Participé en una campaña contra la homofobia que se hizo con fotografías en la parte de atrás de los buses, en mi foto, por ejemplo, decía: yo soy lesbiana y tengo derecho a ser quién soy. Había fotos de gays, hombres y mujeres trans. Increíblemente ¡la foto más atacada fue la mía! Me decían que cuando me vieran en la calle, me iban a matar, que me iban a pegar. Sí existe la lesbofobia, lo que pasa es que podemos pasar desapercibidas, pero si a mí se me nota, corro el riesgo de ser atacada”.
La homofobia/lesbofobia no está tipificada como un delito, y aunque el departamento de Guatemala, registra el mayor número de denuncias a nivel nacional, las amenazas que recibió Cesia no fueron contabilizadas. Tan solo en este reportaje, nuestras interlocutoras han indicado que vivieron violencia tres o más veces en su vida. El número global de denuncias no lo reflejará, de 528 solo 53 conciernen a la comunidad lésbica. El rango de edad que más denunció fue entre 21 y 25 años por tres categorías de delitos: contra la libertad y seguridad de una persona (50%); contra la vida e integridad (27%) y contra el patrimonio (15%).
En el año 2016 la ODISCEA realizó un estudio de necesidades de la población lésbica en tres departamentos: Izabal, Quetzaltenango y la ciudad de Guatemala. Destacaron tres formas de violencia: Discriminación laboral, acoso fundado en ideas religiosas y abuso sexual.
Cesia Guzmán recuerda que en Izabal el machismo, se vive el doble o triple que en la capital. “Nos dimos cuenta que hay muchas lesbianas obligadas a casarse con hombres, y muchas sufren violaciones correctivas, si alguien se entera de que son lesbianas sucede esto y terminan casándose. En Xela afecta mucho la religión. Aquí en la capital, hay muchos casos de exclusión laboral por ser lesbiana y también agresiones verbales en escuelas”.
Los cinco departamentos que más denuncias registran por parte de la comunidad LGBTIQ+, por su relevancia son: Guatemala, Quetzaltenango, San Marcos, Izabal y Jutiapa. No obstante, el departamento de San Marcos reporta 0 denuncias de mujeres lesbianas 3 .
Desplazándonos geográficamente hacia el nororiente de Guatemala, los datos oficiales indican que el departamento de Izabal, en cuatro años, apuntó siete denuncias de parte de la población lésbica. Esta región del país se conoce como la más violenta para las mujeres, y es donde ODISCEA identificó los casos de violaciones sexuales “correctivas” y matrimonios forzados con los agresores. Pero este fenómeno no es ostensible en la data oficial del MP.
Tomando en cuenta que de cuando en cuando, los funcionarios públicos no están dispuestos a inscribir la identidad sexual de las personas, no sería alocado establecer la hipótesis que dentro las violaciones sexuales contra mujeres, un porcentaje corresponde a la comunidad lésbica. No es que no existan, es que no hay un esfuerzo mayor por reconocer la violencia dirigida hacia lesbianas.
Otro dato que llama la atención es que, de los 22 departamentos en el país, 10 de ellos no asentaron una sola denuncia con identidad lésbica, Cesia señala que “de toda la comunidad LGBTIQ las problemáticas de las lesbianas, son las más silenciadas”. No es que no existan, es que ni siquiera el último censo de 2018, preguntó a la población su identidad sexual.
¿A dónde van las denuncias de la diversidad sexual?
De esas 895 denuncias a nivel nacional solo 79 corresponden a lesbianas. Para Cesia Guzmán estos datos no reflejan lo que se vive como una lesbiana “visible”. Al Facebook de su organización les enviaron imágenes de mujeres torturadas, “decían que, si seguíamos promoviendo ser lesbiana, de esa forma íbamos a parar. Nos escribían de muchos perfiles al punto que no podíamos publicar nada hasta que lograron bloquear la página”.
Ellas presentaron una denuncia, pero esta no procedió; las autoridades no supieron a dónde remitirla. En aquel momento, en el año 2015, tampoco lo investigaron como acoso cibernético. Un año después el MP les dijo que eran perfiles falsos y que desaparecieron. Lo intentaron tomar como violencia contra la mujer, pero después les dijeron que no era eso. “Nuestra denuncia terminó en violencia contra líderes activistas, pero ya no le dimos seguimiento”. Era específicamente lesbofobia, recalca Cesia “porque en los comentarios nos decían que por lo menos los gays y las trans les devolvían algo a la sociedad en los salones de belleza, mientras que las lesbianas no, que éramos como algo inservible porque ni siquiera íbamos a parir”.
En el año 2017, el partido Convergencia y especialmente la diputada Sandra Morán, quien ha sido la primera mujer lesbiana en reconocerse como tal, desde una de identidad política dentro del Congreso de Guatemala, impulsaron la iniciativa de ley 5278, que buscaba reformar el código penal para que los crímenes por prejuicio, significaran un agravante a otros delitos como: discriminación de personas por expresión de género, orientación sexual, identidad, raza, etnia, idioma, religión, situación económica y discapacidad, pero esta no pasó el primer filtro, que es el dictamen favorable en comisiones legislativas.
La discriminación a nivel político también fue sentida por Sandra Morán, “sufrí una campaña en mi contra, dijeron que yo no podía ser la presidenta del Foro Parlamentario de Mujeres, porque dijeron que yo no era suficientemente mujer. Fue promovida desde adentro del Congreso, pero hecha desde la ciudadanía. Puse una denuncia por discriminación que fue desestimada. Quienes me atacaban en redes decían que, como mi identidad era política ellos podían criticar y hacer la campaña”.
Morán subraya que debe observarse la violencia estructural por omisión del Estado, cuando este no quiere reconocer derechos o vejaciones en contra de la comunidad diversa y un ejemplo de ello es la Política Pública para la Población LGBTIQ está parada en la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh) por una decisión política.
El sociólogo Jeffrey Weeks, activista gay y experto en estudios de sexualidades plantea que “el lesbianismo ha sido muy problemático para los teóricos del sexo porque es una sexualidad femenina autónoma en la que el hombre no tiene ninguna función”. Algo parecido sucede con los derechos de las mujeres, por ejemplo, el reconocimiento de la ley contra el femicidio en Guatemala -año 2018-, es producto de luchas iniciadas en la década de los 90’s y mucho antes, de mujeres revolucionarias progresistas y feministas.
Ni pecado ni enfermedad
Ser lesbiana no es pecado, ni es una enfermedad. Estas ideas fueron superadas en 1973 cuando la Asociación Americana de Psiquiatría (APA), decidió eliminar la homosexualidad del Manual de Diagnóstico de los trastornos mentales y la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) hace 31 años en 1990. Estos pasos importantes deben reiterarse para que la sociedad y las autoridades puedan superar prejuicios y estigmas.
En Latinoamérica y el caribe de 46 territorios reconocidos, solo nueve países han ratificado derechos como la unión civil, adopción para parejas del mismo sexo, entre otros derechos. El resto de países reconoce uno o dos derechos. Así como unos han avanzado bastante, existen países en el continente que prohíben las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.
Guatemala reconoce que la discriminación por la orientación sexual es un delito. En Centroamérica, solo Costa Rica tiene avances en relación al reconocimiento y derechos igualitarios para las personas LGBTIQ como la adopción o la fertilización in vitro.
Ser visible, un acto épico
“Muchas personas que no son del rollo, piensan que una lesbiana tiene que verse como hombre. La sociedad piensa que queremos ser hombres, ¡no! Incluso preguntan quién es el hombre de la relación, y NO. Realmente no hay hombre en la relación porque no somos hombres, no queremos ser hombres. Eso también es discriminación, nos quieren meter el patriarcado y el machismo a la fuerza en nuestra relación” enfatiza Analí Castañeda.Ella y su pareja Rosa Ruiz, conforman una familia diversa. Rosa se identifica como bisexual, y aunque la han hecho de menos sus amigas, comprende que es por no estar con un hombre. Ella reivindica “estoy con una mujer y creo que me discriminan por falta de información”.
Para ellas es muy importante que salga a la luz que en Guatemala hay familias conformadas por dos mamás, que no es un crimen y que merecen el mismo respeto y derechos. Que viven felices y por encima de todas las dificultades, existen y seguirán haciéndolo.
Ser visible es un acto arriesgado, pero es determinante para su realización como personas.